Informe Comité de Seguridad y Salud Laboral 14/10/2025

1. Borrador del procedimiento de la evaluación de riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva.

CONSEJERÍA:

Hoy, 14 de octubre, comienza la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19. Este año se colaborará en la campaña promovida por Salud Pública, dirigida a personas trabajadoras de entre 60 y 69 años, personal del primer y segundo ciclo de Educación Infantil y de centros de Educación Especial, mujeres embarazadas, personal expuesto a animales de ganadería y personal de atención hospitalaria. Las personas incluidas en estos grupos pueden acudir a las unidades de salud laboral del SESCAM para vacunarse, como opción adicional a las vías ordinarias, como acudir al centro de salud. Se enviará una circular al respecto. En cuanto al borrador, viene a concretar lo que ya se recogía en el documento de prevención.

ANPE:

Observamos que este nuevo procedimiento implica una mayor carga de trabajo y responsabilidad ejecutiva para el Equipo Directivo (Dirección del centro), ya que las funciones asignadas son de carácter activo y lleva asociadas tareas de coordinación, difusión, gestión, planificación, asignación de recursos, control continuo e implementación de medidas. Por lo que pedimos mayor reducción horaria para los equipos directivos.

Asimismo, solicitamos que en los CSSL provinciales se informe de forma específica sobre el estado de cumplimiento de las medidas clasificadas con Prioridad 4 y 5, detallando los plazos de ejecución previstos y el responsable administrativo de su implantación (no únicamente el centro).

En la página 16, dentro del apartado 5.2.1 riesgos no evitables, se habla de las limitaciones de ocupación al puesto por personal sensible, y se incluye el personal “trabajador” menor de edad. ¿A qué se refiere? CONSEJERÍA: Se refiere a personal no docente que puede ser contratado desde los 16 años para que englobe también este aspecto para los casos que se pudiesen producir.

2. Borrador de las Instrucciones sobre el plan de formación ante emergencias de protección civil de los centros docentes no universitarios.

CONSEJERÍA:

Desde Protección Civil, Juan Antonio Hernández informa que, según la Disposición Adicional 4ª del plan de actuación frente a la DANA, se modifica el Sistema de Protección Civil, estableciendo que las administraciones públicas deben promover campañas de formación y sensibilización dirigidas a toda la población.

En coordinación con las Comunidades Autónomas, se ha acordado un plan de formación ante emergencias que incluye dos ámbitos: el alumnado y el profesorado. Los responsables de su aplicación en los centros educativos son el equipo directivo y la persona coordinadora de prevención, y el programa debe quedar registrado en la Programación General Anual (PGA).

La formación del alumnado constará de al menos 2 horas en Infantil y Primaria, y un mínimo de 4 horas en el resto de enseñanzas, a lo largo del curso escolar. Para este curso, se ha previsto que comience a partir del segundo trimestre. Esta formación será impartida preferentemente por los tutores y tutoras de grupo, aunque los centros pueden organizarla libremente según su autonomía, incluso de forma conjunta con otros centros.

Los contenidos están estructurados en tres bloques: 1) prevención y sistemas de alerta, 2) identificación de situaciones de riesgo (incluidas grandes concentraciones humanas), y 3) riesgos específicos de la zona. Los centros contarán con materiales educativos elaborados por la Dirección General de Protección Civil, el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas. En zonas con riesgos concretos, se podrá contar con la colaboración de servicios de emergencia y entidades locales. Cabe señalar que los contenidos sobre riesgos específicos no tienen que impartirse obligatoriamente todos los años.

En cuanto al profesorado, el Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP) ofrecerá una formación obligatoria de 10 horas homologadas para los equipos directivos y los coordinadores de prevención de riesgos laborales, que comenzará en este trimestre. Además, los centros podrán organizar formación interna tutorizada por personal previamente formado, y también participar en cursos voluntarios. Está previsto que estas formaciones se ofrezcan también de manera presencial por provincias.

Finalmente, el Ministerio de Educación elaborará una guía didáctica para las familias, y cuando esté disponible, la Consejería de Educación ofrecerá también formación específica para ellas.

ANPE:

Aunque valoramos positivamente la implementación del plan de formación ante emergencias en los centros educativos, ya que extiende la cultura de la prevención a toda la comunidad educativa, consideramos que, una vez más, este tipo de iniciativas recae de forma desproporcionada sobre determinados perfiles del claustro, suponiendo una sobrecarga adicional de trabajo y formación para los equipos directivos, las personas coordinadoras de prevención y las tutorías. Por ello, solicitamos que se incremente la reducción horaria asignada a las personas coordinadoras de prevención, así como que se amplíe la bolsa de horas destinada a los equipos directivos. Asimismo, reclamamos que se reconozca y valore adecuadamente la labor de las tutorías, no solo desde el punto de vista organizativo y pedagógico, sino también mediante una compensación económica específica, tal y como ya se aplica desde hace tiempo en otras comunidades autónomas.

Además, pedimos que la formación dirigida al personal docente se imparta dentro del horario lectivo, de modo que no suponga una carga adicional.

Consideramos, además, que dicha formación, aunque necesaria, resulta insuficiente si no se complementa con la elaboración y difusión de un protocolo específico de actuación ante cualquier tipo de emergencia que pudiera producirse en el centro educativo —ya sea relacionada con inclemencias meteorológicas, riesgos naturales, incidentes de protección civil, situaciones sanitarias, amenazas a la seguridad o cualquier otra circunstancia extraordinaria— que establezca protocolos claros de prevención, comunicación y respuesta, con el fin de garantizar, tanto la integridad de toda la comunidad educativa, como la seguridad jurídica ante posibles incidencias derivadas de estos contextos de emergencia.

3. Ruegos y preguntas.

ANPE:

Preguntas

1. Solicitamos información actualizada sobre la situación de los Planes de Autoprotección (PAU):
   • ¿Qué planes quedan pendientes de implantación?
   • ¿Cuál es la razón por la que aún no se han puesto en marcha?
   • ¿En qué fecha está prevista su implementación?

1. En el comité de marzo solicitamos que, cuando una persona se encuentre en situación de incapacidad temporal por accidente laboral, pueda tomar posesión de la vacante de inicio de curso, al igual que ocurre en el caso de las trabajadoras embarazadas. En esa ocasión, se nos indicó que se estaba de acuerdo con esta demanda planteada por ANPE y que se realizaría una consulta con los servicios jurídicos al respecto. Quisiéramos saber en qué punto se encuentra actualmente este asunto, si ya se ha realizado dicha consulta y, cuándo se prevé, que se comience a aplicar esta medida.
2. Queremos conocer en qué estado se encuentra el desarrollo del protocolo de actuación ante inclemencias meteorológicas, cuya implantación venimos demandando desde ANPE, y cuándo está prevista su puesta en marcha. También pedimos que se incluya dentro de la planificación del curso que viene.

RUEGOS

Garantía de derechos en situaciones de embarazo, riesgos para la salud o circunstancias sobrevenidas tras la toma de posesión en personal docente interino.

Queremos poner de manifiesto una serie de situaciones detectadas en los procedimientos de gestión de personal interino, que afectan de forma significativa a los derechos laborales y sanitarios de las personas trabajadoras, y en especial de las mujeres embarazadas o en situación de incapacidad temporal por circunstancias sobrevenidas tras la toma de posesión de su plaza.

En los últimos procedimientos de adjudicación centralizada de plazas para interinidades docentes, se ha observado un aumento de requerimientos de comparecencia presencial e informes médicos dirigidos a personas trabajadoras que, habiendo tomado posesión de su plaza conforme a los plazos establecidos, han sido dadas de baja médica en fechas   posteriores, por circunstancias relacionadas con:

• Situaciones de embarazos de riesgo producidas tras la toma efectiva de posesión.
• Patologías comunes o complicaciones sobrevenidas tras la incorporación.
• Procesos clínicos que afectan a la capacidad funcional temporalmente, pero que no existían en el momento de la toma de posesión.

En todos los casos, se han requerido acreditaciones médicas detalladas sobre la fecha de inicio del proceso patológico, se han impuesto comparecencias presenciales ante la inspección médica, y se ha planteado, de forma explícita o implícita, la posibilidad de revisión de la toma de posesión o de medidas disciplinarias.

En ese sentido, desde ANPE queremos hacer las siguientes puntualizaciones:

• El embarazo no es un proceso patológico:

Es necesario recordar que el embarazo no es una enfermedad, y, por tanto, no puede exigirse a una trabajadora embarazada que acredite el inicio de un “proceso patológico” en sentido médico. Esta concepción resulta anticuada, discriminatoria y contraria a los principios básicos de la salud laboral.

• Presencialidad injustificada en situaciones de vulnerabilidad médica

El requerimiento de comparecencia presencial a personas en situación de incapacidad médica —ya sea por embarazo o cualquier otra patología sobrevenida— vulnera el derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración (artículos 13.a y 14.1 de la Ley 39/2015), y puede suponer un riesgo para la salud, especialmente en el caso de gestantes y otras patologías.

• Capacidad funcional y toma de posesión

La normativa vigente, y en particular la Orden 32/2018, de 22 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece que en el momento de la toma de posesión, los aspirantes adjudicatarios deben reunir la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto. No obstante, dicha capacidad se refiere al momento presente de la incorporación, sin que pueda exigirse la previsión futura de situaciones sobrevenidas ni establecer una presunción de falsedad por hechos médicos posteriores.

Asimismo, la legislación laboral y de prevención de riesgos establece mecanismos específicos de protección del embarazo, la lactancia y otras situaciones de salud sobrevenidas, que deben ser respetadas y aplicadas sin interpretación restrictiva.

• Posible vulneración de derechos fundamentales

 Las medidas que puedan derivarse de estas actuaciones (revocación de nombramientos, exclusión de bolsas, apertura de expedientes) podrían implicar una vulneración de derechos fundamentales, en particular el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, estado de salud o embarazo, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.

Por todo lo anterior, formulamos las siguientes PETICIONES:

1. Reconocer como plenamente válidas y no contrarias a derecho las bajas médicas que se produzcan con posterioridad a la toma de posesión, siempre que en dicho momento existiera la capacidad funcional exigida, sin que de ello puedan derivarse consecuencias disciplinarias o administrativas.
    
2. Evitar el uso del término “proceso patológico” en los requerimientos dirigidos a trabajadoras embarazadas, sustituyéndolo por expresiones respetuosas y ajustadas a la realidad médica y legal de la situación.
    
3. Permitir el cumplimiento de los requerimientos mediante medios electrónicos, conforme a la Ley 39/2015, evitando desplazamientos innecesarios que puedan afectar la salud de las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal.

1. Formar e informar adecuadamente al personal responsable de gestión de personal e inspección médica, para que actúen conforme a criterios de protección de la salud laboral, igualdad y no discriminación.

Además, ANPE sigue demandando:

• Que cuando una persona se encuentra en situación de incapacidad temporal por accidente laboral pueda tomar posesión de la vacante de inicio de curso, como en el caso de las embarazadas.
• Crédito horario para que los delegados y delegadas de prevención puedan realizar mejor su trabajo.
• Mayor reducción horaria y remuneración para la función de coordinación de la prevención de riesgos laborales en centros educativos.
• Creación de un Protocolo ante Inclemencias Meteorológicas.
• Incidir en la importancia de que se proceda a la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales de los docentes, bajas por problemas psicosociales, afonía, ansiedad, estrés, depresión, y que desde la propia Junta de Comunidades de CLM, y a petición de este Comité, se defienda ante el Ministerio de Educación esta ampliación.
• Insistimos en que el cuidado de los menores enfermos es un deber inexcusable de los progenitores o tutores y pedimos a la Consejería que regule expresamente este supuesto.
• ANPE sigue reivindicando la figura de la enfermera escolar y el psicólogo clínico. Asimismo, pedimos la dotación de desfibriladores en todos los centros educativos, como ya hacen otras CCAA.

ANPE, el sindicato de la Enseñanza Pública.